Principales brechas en el reconocimiento laboral de la Economía del Cuidado en el cantón Durán Ecuador

Resumen

Introducción: El presente artículo analiza las brechas en el reconocimiento laboral de la economía del cuidado en el cantón Durán, Ecuador, centrándose en la invisibilidad del trabajo, la desigualdad de género y la precariedad en la protección social. El estudio busca proponer estrategias de formalización y equidad fundamentadas en la revisión normativa y experiencias regionales exitosas. Metodología: La investigación fue de tipo mixto (cuantitativo-cualitativo) con un alcance descriptivo y exegético. Se aplicó un muestreo aleatorio estratificado a 400 trabajadoras del cuidado en Durán mediante encuestas estructuradas, complementado con un análisis del marco constitucional ecuatoriano y el Código del Trabajo. Los datos fueron procesados a través de estadística descriptiva y codificación temática. Resultados: Los hallazgos revelan una alta precariedad: el 25% de las trabajadoras supera las 50 horas semanales y el 80% percibe ingresos inferiores al salario básico unificado ($300). En términos de seguridad social, el 75% carece de afiliación al IESS. Asimismo, se confirma una profunda brecha de género, donde las mujeres asumen el 72.7% de las tareas de cuidado frente al 27.3% de los hombres. Discusión: Existe una contradicción entre los derechos garantizados en la Constitución (Art. 333 y 328) y la realidad territorial, donde predomina la desvalorización del cuidado y la informalidad. Si bien modelos regionales como la Ley de Cuidados de Uruguay muestran que la corresponsabilidad estatal es efectiva, en Durán persisten barreras críticas como la falta de financiamiento y la ausencia de capacitación técnica. Conclusiones: La economía del cuidado en Durán opera bajo condiciones de invisibilidad institucional. Es urgente la implementación de políticas públicas que integren la formalización laboral y el acceso a la seguridad social. Se recomienda la adaptación de modelos exitosos, como las Manzanas del Cuidado, para fortalecer la fiscalización de derechos y promover una redistribución equitativa del trabajo reproductivo.